Las autoridades cubanas no dieron cifras oficiales, pero Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, en el que se articularon mujeres activistas dentro y fuera de la isla, en colaboración con la ONG de asesoría jurídica Cubalex, consiguió un subregistro de 1.377 personas detenidas, de las que aún hoy 727 continúan privadas de libertad, incluidas 70 mujeres y 15 niños.
Muchas estuvieron varios días «en desaparición forzada” y denunciaron «tortura física y psicológica».
«Este registro independiente está actualizado con información de familiares, peticiones fiscales, sentencias y los escasos reportes iniciales de la prensa estatal», señaló la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex.
Según el documento, más de 360 personas ya fueron juzgadas. Algunos de ellos excarcelados, bajo fianza o en prisión domiciliaria, tendrán que volver a prisión.
En el mismo mes de julio de 2021, el Estado reconoció la celebración de más de 60 juicios sumarios.
Desde octubre, coincidiendo con la solicitud de autorización para la frustrada marcha del 15 de noviembre (15N), las activistas documentaron más de 90 nuevas detenciones.
Además, comenzaron a conocerse peticiones fiscales «con sanciones excesivas» para las más de 300 personas que enfrentan ya los primeros juicios ordinarios por participar en las protestas de julio o filmarlas y publicar material en las redes sociales.
Más de 160 aún no tienen fecha programada y a casi la mitad se les solicitan penas «desproporcionadas» de más de 10 y hasta 30 años de cárcel, resumió Diversent.
Ensañamiento con las personas más pobres
«Se les acusa de desacato, desorden público, incitación a delinquir, propagación de epidemias, atentado. Pero las peticiones más altas están asociadas al delito de sedición. Y este solo se ha usado contra manifestantes de barrios específicos», aseguró la activista Salomé García Bacallao, coordinadora de Justicia 11J, quien agregó que hay «un evidente ensañamiento con las personas más pobres».
El ejemplo son los barrios de Toyo, en el habanero municipio de 10 de octubre, La Güinera, en Arroyo Naranjo, algunos de los repartos más pobres de la provincia de Holguín, y en Cárdenas, cercana al balneario de Varadero, en Matanzas, los delitos imputados a personas involucradas en situaciones de violencia similares son menos graves: «La ley no se aplica por igual», insistió.
«Como sea, hasta donde han podido documentar tanto Justicia 11J como Cubalex -especialmente gracias a los múltiples videos difundidos en redes sociales-, las situaciones de violencia en que desembocaron algunas de las protestas de julio, incluida la vandalización de tiendas, se produjeron como reacción a situaciones violentas generadas por el propio Estado», subrayó Bacallao.
Evidente discriminación
«Los policías también insultaron a las personas durante las detenciones, las hirieron, las trataron con violencia en los centros de reclusión. Hemos documentado muchísimos tratos crueles y degradantes», aseguró la coordinadora de Justicia 11J.
«Se les ha negado atención médica para enfermedades preexistentes o contagiosas, incluso a niños. Y, cuando se les ha dado, los llevan a hospitales pediátricos, aunque les dan tratamiento penal como adultos y no les permiten a sus familiares estar presentes», agregó Bacallao, quien reiteró en más de una ocasión en que en Cuba «hay niños presos políticos».
«En la judicialización de todos estos casos, estamos viendo una evidente discriminación, ya que solamente están siendo enjuiciados por supuestos actos violentos las personas que recibieron la represión por parte de agentes estatales y paraestatales», continuó.
«El policía que disparó a la única víctima mortal oficialmente reconocida ni siquiera tiene aún cargos imputados. Y lo mismo vale para los partidarios del Gobierno que respondieron con palos a la orden de combate dada en televisión por el presidente Miguel Díaz-Canel, cuando las protestas aún no habían degenerado en disturbios», subrayó.
Los juicios ordinarios comenzaron en diciembre de 2021
Los juicios ordinarios comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de diciembre de 2021, aprovechando la distracción de la sociedad y los medios en la semana de Navidad, «para que los presos sientan que no le importan al mundo», denunció Bacallao.
La semana del 10 al 14 de enero de 2022, al menos 66 personas fueron juzgadas en cuatro juicios en cuatro provincias del país. Entre el 17 y 21 de enero, otras 45 personas afrontarán tres juicios en dos provincias.
Se han realizado a puertas cerradas, con operativos policiales que impiden la asistencia a las audiencias de más de un familiar por acusado, de testigos oyentes u otros miembros de la sociedad civil o la opinión pública.
«No les permiten a los familiares comunicarse ni con los detenidos ni entre ellos», alertó Bacallao.
A su turno, Diversent denunció que esta situación es «una violación de la garantía del debido proceso».
«La información sobre lo que sucede en los juicios la obtenemos a través de los familiares, que reportan contradicciones entre los testigos, e incluso un juicio suspendido por falta de evidencias», reveló la directora de Cubalex.
Adicionalmente, las peticiones fiscales confirman que la mayoría de los testigos que propone la Fiscalía contra los manifestantes son los propios agentes estatales y paraestatales que ejercieron violencia contra los ellos.
«Se persigue un efecto ejemplarizante, que la población perciba que salir a manifestarse contra las políticas gubernamentales es interpretado como un delito contra la seguridad del Estado», consideró Diversent.
